El empresario Oscar Ramírez, propietario de un terreno de 9 mil 924 metros cuadrados que quitó al municipio en el Parque Metropolitano en un juicio en tribunales, se retractó ayer de lo que se comprometió a entregar a las autoridades a pesar de que se aprobó otorgarle un terreno de más de 31 mil metros cuadrados en La Campiña.

En el ofrecimiento que hizo el empresario hace unos meses era entregar ese predio a las autoridades, desistirse del juicio de otro predio por más de seis mil metros cuadrados, no reclamar los costes del primer juicio que perdió el municipio ni los ingresos por el usufructo que se obtuvieron desde la creación del parque hasta que un juez le concedió la legitima propiedad a cambio de recibir 31 mil metros cuadrados. Pero ayer dijo que siempre no.

Ayer, se aprobó por mayoría en el Ayuntamiento la transacción, no permuta, del terreno de los casi 10 mil metros cuadrados del Metropolitano a cambio de los 31 mil metros cuadrados en La Campiña, con una diferencia de casi 28 millones de pesos entre lo que vale el predio del área natural protegida y el que obtendrá el empresario a cambio de devolver al municipio el terreno.

El miércoles pasado, el Comité de Adquisiciones había aprobado el dictamen después de que una empresa de Puebla realizó una valuación social del predio del Metropolitano y la entrega del predio en La Campiña; esto quedó aprobado ayer en la Sesión del Ayuntamiento.

En esta reunión los regidores del PAN José Luis Manrique, Ana María Carpio y del PVEM, Sergio Contreras, criticaron al empresario Oscar Ramírez, quien de paso dijo que no quitará ninguna de las demandas que tiene vigentes en contra de las autoridades municipales, que únicamente aceptará el predio de La Campiña por los casi 10 mil metros del Metropolitano.

Con la afirmación de ayer, el empresario desconoció el ofrecimiento original que hizo al municipio o a quienes pactaron con él un arreglo sin recurrir a la expropiación del terreno y hasta amenazó que no se moverá de esa postura, terreno por terreno y que mantendrá otros juicios en contra de las autoridades.

Aunque los regidores que criticaron al empresario argumentaron que únicamente les toca subsanar los errores que se cometieron en otras administraciones, no se negaron a rechazar la propuesta de transacción y buscar la vía de la expropiación del predio por causas de utilidad pública. Solo está condicionado que el empresario de desista de sus juicios civiles y administrativos en contra del municipio.

Sobre este asunto, el alcalde, Héctor López Santillana, pidió a la Contraloría iniciar una auditoria para conocer que otros procedimientos jurídicos tiene abiertos el Parque Metropolitano de León y en especial, los que interpuso el empresario Oscar Ramírez.

Y esta auditoría no debería abarcar únicamente la actuación de los funcionarios municipales de las anteriores administraciones sino extenderse hasta la actual porque es injustificado entregar a la bolsa de un empresario más de 28 millones de pesos cuando existen instrumentos legales para restituir el predio a los leoneses.

Incluso se debería investigar al Juez que dio entrada a la demanda del empresario no sólo a los funcionarios que hoy son acusados de favorecer, con su negligencia, la voracidad de un particular, en un caso que hoy tiene indignados a los leoneses.

LARGAS
La nueva clínica del IMSS tiene un avance de obra estimado en un 80 por ciento y estaría en operaciones hasta el primer trimestre del 2018 luego de que el proyecto original contemplaba abrir el servicio a los derechohabientes en el otoño de 2015.

Ayer, el Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, hizo un recorrido privado con el delegado estatal, Sergio Santibáñez, en el nuevo hospital y confirmaron que los usuarios de los servicios que ofrece el Instituto tendrán que esperar hasta el siguiente año para acceder a sus instalaciones.

Cabe destacar que entre la fecha que se contemplaba tener lista la nueva clínica en León, segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2017, se han incorporado más de 25 mil nuevos trabajadores afiliados al IMSS, lo que incrementó la demanda de servicios que ya están rebasados desde hace varios años en la ciudad.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto en Guanajuato se invierten más de dos mil 100 millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital en León (mil 600 millones de pesos) y tres nuevas Unidades de Medicina Familiar, con 10 consultorios cada una, que estarán ubicadas en Celaya, Salamanca y otra más en esta ciudad, para atender a más de 3 millones de derechohabientes.

El nuevo hospital en León tendría capacidad para ofrecer servicios en 42 especialidades médicas, con 250 camas, y reduciría a cero las referencias a otros hospitales además de que permitirá ampliar en un 50 por ciento, la capacidad de consulta. En Guanajuato solamente hay 10 hospitales del IMSS, dos unidades médicas de alta especialidad y 45 unidades médicas familiares para atender a 3.2 millones de derechohabientes.

Ayer, el titular del IMSS estuvo en el Guanajuato Puerto Interior para encabezar un acto público donde se anunció que se impartirá el primer grado de preescolar en las 53 guarderías que tiene en el estado, y donde se beneficiarán 10 mil menores de edad. Además se abrirían otras ocho guarderías para ofrecer mil 700 espacios adicionales.

Para formalizar este programa se firmó un convenio de colaboración en materia de educación preescolar en guarderías entre el IMSS y la Secretaría de Educación de Guanajuato.

En este evento, el gobernador Miguel Márquez solicitó a Arriola Peñalosa la ampliación de la cobertura de los servicios de guarderías en los nuevos parques industriales y centros laborales de Guanajuato, una de las demandas más sentidas de los trabajadores y los patrones.

Entre el sector patronal existe la preocupación de que sus trabajadores no tengan acceso a servicios de calidad en el IMSS, factor que ha incidido en una sobredemanda en hospitales de la red pública del gobierno del estado. A esto hay que agregar que las tasas de crecimiento de empleo que se proyectan en los próximos años, van a presionar la demanda de más y mejores servicios de salud que ofrece el gobierno federal.

Ahora hay que esperar que el titular del IMSS atienda la demanda de los patrones, trabajadores y el gobierno del estado para que no sigan dando largas a una obligación que tienen bajo su responsabilidad en Guanajuato.

MOVIDO
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, hablo ayer sobre los avances de las tres denuncias que se han interpuesto por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, en donde reiteró que el organismo estará atento a que los funcionarios públicos y actores privados cumplan al pie de la letra las disposiciones en materia legal electoral.

En este contexto, advirtió que están muy claros los lineamientos del INE para garantizar la equidad en la contienda electoral, los cuales estarán vigentes a partir del 8 de septiembre, y que van a permitir controlar e investigar el uso de recursos públicos o privados por parte de quienes sean servidores públicos o no y que aspiren a obtener un cargo de elección popular. No se les va a permitir que obtengan ventajas indebidas, afirmó.

También aprovechó para señalar que hay lineamientos que restringen a los servidores públicos que aspiren a buscar una candidatura difundir informes de los cargos que ocupan después del día 7 de septiembre, salvo que en la Constitución se establezca la obligación de rendirlo en fecha posterior, en donde lo podrán hacer sin realizar difusión.

Por otra parte, ayer se desechó la denuncia que presentó el PAN contra la campaña mediática del PVEM y que contenía mensajes relacionados con la seguridad pública, medio ambiente y trabajo. El Consejo General determinó que el partido verde no incurrió en ninguna infracción a la normatividad electoral y disposiciones constitucionales como consideró en su denuncia el PAN.

La crítica del PVEM no estaba dirigida hacia una persona o institución en particular ni señaló a un responsable directo, únicamente realizó una crítica social, según las consideraciones del dictamen que se sometió a votación del Consejo General.

Finalmente, se informó que del monto total de multas aplicadas a los partidos políticos, derivadas de los procesos electorales pasados, y que suman 36.5 millones de pesos se han pagado a la fecha 16.2 millones de pesos. A esto hay que acotar que se harán descuentos a los partidos, de septiembre a diciembre de 2017, por un monto de 7.5 millones de pesos para quedar un saldo por cobrar en 2018 de 12.6 millones de pesos.