Vivimos una época de caos, un momento histórico en donde la delincuencia de todo tipo, incluyendo a los ladrones de cuello blanco, se ha apoderado con total descaro y cinismo, de las calles de la ciudad, del patrimonio, del erario público, de las instituciones gubernamentales, de las direcciones, de los tribunales, y hasta de la energía gratuita que nos regala nuestro astro solar.

Dice el viejo refrán que “ladrón que roba ladrón, tiene cien años de perdón”, quizás por eso es que por ahí andan paseándose los corruptos, con total impunidad, ya que entre ellos mismos se han perdonado.

Ya no es nota nueva saber que siguen apareciendo cadáveres regados por todo el Estado, algunos vinculados con el crimen organizado, otros, los de siempre, víctimas de algún pleito callejero o de algún ataque por parte de los delincuentes, aquellos seres sin sentimientos capaces de sacarte las vísceras de un navajazo por quitarte un reloj, aquellos a los que los Derechos Humanos aún siguen insistiendo en llamarles “seres humanos”, y defender sus derechos, vigilando que al momento de la detención, no les pongan las esposas demasiado apretadas.

Nuestras autoridades señalan que la cifra de crímenes cometidos va a la baja; lo que no están considerando nuestros máximos representantes, es que existen dos tipos de cifras en cuanto a criminalidad se refiere: la cifra negra y la cifra oficial. La cifra negra, también llamada por los criminólogos, la cifra real, es aquella que realmente se está dando en nuestro entorno, mientras que, por otro lado, la cifra oficial es aquella que es dada por la autoridad correspondiente respecto a los hechos que ellos tienen en sus registros; en muy pocos delitos, ambas cifras son coincidentes. Si le preguntásemos a nuestra Procuraduría de Justicia, la cifra de denuncias por el delito de robo a transeúnte, sería mínima, sólo porque unos cuantos se atreven a denunciar, mientras que si le preguntásemos a la ciudadanía cuántos asaltos a mano armada ocurren en un solo día, nos dirían un número triste y significativamente mayor que el manifestado por nuestras autoridades. ¿Por qué dicha diferencia? La respuesta es sencilla: el ciudadano ha perdido la fe en la procuración y en la administración de justicia, por lo que deciden ya no denunciar, porque al hacerlo, además de ya haber perdido sus pertenencias al ser víctimas del asalto, ahora también perderán su tiempo, e incluso hasta su dignidad, al ser tratados con poca amabilidad por parte de los funcionarios públicos encargados de tomar la denuncia respectiva, aplicándoles la técnica del pollo rostizado (al cual primero lo ensartan con tremenda vara, y luego lo traen vuelta y vuelta).

Nuestros legisladores, esas brillantes mentes dignas de ser galardonadas por el premio nobel, esas insignes personas con doctorados en ciencias, no han sabido hacer leyes efectivas para el combate al crimen, muchas veces por ignorancia, algunas otras con total planeación para beneficiar a unos cuantos. Entre dichas leyes, debemos destacar la Ley de Justicia para adolescentes, la cual permite a los jóvenes menores de 18 años, hacer todo tipo de fechorías, incluyendo el privar de la vida a alguien, porque a final de cuentas saben que bajo el amparo de la Ley que les rige, los dividirán en grupos etarios y la pena máxima en un acuerdo reparatorio quizás no exceda de un año de prisión, por muy grave que sea la condena, ya que el mismísimo artículo 18 constitucional establece que tratándose de adolescentes mayores de catorce años, y salvaguardando el interés superior del menor, se procurará en todos los casos, darles la penalidad menor, tratando de dejar como un último recurso la medida de internamiento, es decir, la cárcel;  y si preguntásemos a la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes (popularmente conocido como Tutelar de menores), en sus registros no tienen más allá de 100 adolescentes (cifra que quizás sea muy elevada, porque el autor de estas líneas está seguro de que son muchísimo menos) internados en sus instalaciones. Tristemente vemos que un angelito con cuchillo cebollero en mano, puede asaltar, violar, matar, traficar, y al final, le espera el beneficio de la Ley.

Podemos continuar citando leyes imperfectas, que orillan a las autoridades, llámese policías preventivos, agentes del Ministerio Público, Jueces, Magistrados, a que, con todo el dolor de su corazón (aunque Usted no lo crea, algunos lo tienen) tienen que liberar a estas finas personas llamadas delincuentes, ya que hay un marco legal que así lo establece.

Considero que nuestros eminentes legisladores, ese grupo de brillantes diputados, deberían de apegarse más al consejo de los estudiosos en la materia, y dejasen de ver a la política como un concurso de popularidad, donde el más guapo y el más carismático es el que gana la mayoría de los votos.